La iniciativa de etiquetar a las botellas de vino como peligrosas para la salud se inició en Irlanda y ahora busca imponerse en toda Europa.
La controversia en torno a las advertencias de salud relacionadas con el consumo de alcohol, que cobró relevancia a principios de este año, volvió a estar sobre el tapete con fuerza tras la intervención del Centers for European Policy Network (Cep).
Andrea De Petris, jurista y director científico del Cep en Roma, destacó en este sentido la necesidad de llevar a cabo una iniciativa similar a la irlandesa a nivel europeo, considerando las implicaciones en términos de salud, sociales y económicas asociadas al consumo de alcohol. En sus palabras, “Un etiquetado uniforme no solo responde a ‘intereses de salud’, sino que también es beneficioso para el mercado interno europeo”.
Este planteamiento presenta un desafío significativo para las empresas de bebidas alcohólicas que deseen mantener su acceso al mercado irlandés, valorado en 8 mil millones de euros anuales, ya que deberán cumplir con la nueva normativa que exige etiquetados de advertencias de salud. Cabe resaltar que estas etiquetas fueron aprobadas en Irlanda con la aprobación implícita de la Comisión Europea.
Nathalja Nolen, directora del CEP de París, respalda esta perspectiva al afirmar que “las investigaciones científicas, ahora unánimes, confirman que el consumo de alcohol puede tener efectos significativos en la salud. En este contexto, la adopción de etiquetas uniformes en toda la Unión Europea parece la solución más sensata”.
Sin embargo, no todos comparten esta visión. Francesco Lollobrigida, Ministro de Agricultura, Soberanía Alimentaria y Silvicultura, ha ofrecido una opinión contraria. Según el ministro, etiquetar el alcohol con advertencias de salud no es “una medida razonable”. Lollobrigida ha criticado la postura del Cep en Roma, que, junto con el Centro de Políticas Europeas en París y Friburgo, ha analizado las nuevas reglas propuestas por Irlanda.
Para Lollobrigida, este sistema podría ser un elemento condicionante y discriminatorio, destinado a estigmatizar un producto principal de las exportaciones italianas: el vino.
El ministro explicó que esta medida no debería extenderse a todo el mercado interno de la UE. Además, señaló que un juez, siguiendo las indicaciones del CEP, no podría expresar su opinión sobre este nuevo modelo. Lollobrigida defendió con firmeza la posición italiana, afirmando que “las nuevas etiquetas irlandesas no tienen la intención de brindar información precisa. Nos defenderemos de la agresión que representa un etiquetado ilógico para nuestros excelentes productos y continuaremos implementando todas las acciones posibles, comenzando por las promocionales, para explicar los beneficios del consumo moderado de vino”.
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