España busca una solución para la acumulación de vino, debido a las bajas en consumo y en ventas al exterior.
La situación en el mercado del vino en España ha generado creciente preocupación debido a la disminución de las exportaciones y el consumo, lo que ha resultado en una acumulación significativa de existencias en varias regiones del país.
Ante este escenario, se ha planteado la posibilidad de llevar a cabo una destilación de emergencia para restablecer el equilibrio en el mercado, una medida que se implementó por última vez hace tres años en respuesta a la pandemia de coronavirus.
En el pasado, el Gobierno español aprobó una destilación de emergencia con el propósito de retirar del mercado 2 millones de hectolitros de vino y transformarlos en alcohol etílico destinado a fines industriales. Para respaldar esta iniciativa, se asignaron 65,5 millones de euros, con pagos específicos de 40 euros por hectolitro para las denominaciones de origen y 30 euros para el resto de los vinos.
El costo de la medida en la actualidad
El contexto actual ha llevado a diversas organizaciones agrarias y comunidades autónomas a solicitar al Gobierno la implementación nuevamente de esta medida. Los datos muestran una disminución del 9,2% en las ventas de vino al extranjero en 2022, equivalente a 2.089,5 millones de litros, y una caída del 8,9% en el consumo interno hasta enero pasado, que se situó en 9,57 millones de hectolitros.
Estos factores han generado una acumulación de excedentes en bodegas y cooperativas, lo que amenaza con la caída de los precios del vino, especialmente en la categoría de tintos.
En este entorno, se argumenta que es fundamental dar salida a estos excedentes antes de la próxima vendimia para evitar una presión a la baja en los precios y restablecer el equilibrio en el mercado. La destilación de emergencia se considera una medida efectiva para alcanzar este objetivo.
El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, expresó su disposición a respaldar esta iniciativa en caso de que la Comisión Europea (CE) esté dispuesta a aprobarla. De hecho, Francia ya ha presentado una solicitud similar ante la CE.
En resumen, la acumulación de existencias de vino en España debido a la disminución de las exportaciones y el consumo ha generado preocupación en el sector, y se plantea la posibilidad de recurrir a una destilación de emergencia para evitar la devaluación de los precios y restablecer el equilibrio en el mercado. La experiencia previa de esta medida durante la pandemia ha llevado a que se considere nuevamente como una solución efectiva en medio de las actuales circunstancias del mercado vitivinícola español.
Cuáles son las comunidades más afectadas
Las comunidades autónomas más afectadas por esta situación son La Rioja y Extremadura, que han sido las más activas en solicitar la destilación de emergencia. Sus respectivos gobiernos han anunciado su compromiso de otorgar las ayudas necesarias y han establecido procedimientos para que los productores vitícolas de la región comuniquen los excedentes de vino que necesitan eliminar.
La consejera de Agricultura riojana, Eva Hita, tras los reclamos del sector, adelantó que el Gobierno autónomo va a otorgar las ayudas “que hagan falta” y ha habilitado un procedimiento urgente para que los productores vitícolas de la región comuniquen los excedentes de vino que necesitan eliminar.
Según Hita, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja ha determinado que el volumen que es necesario destilar para reducir las existencias en las bodegas es de 30 millones de litros este año y otros 30 el próximo.
La Junta de Extremadura también ha escuchado a sus agricultores y productores, que incluso se manifestaron en las calles, y ha detallado en su petición al MAPA que en el caso de que Bruselas apruebe la medida, la Administración regional destinará 1,3 millones de euros para destilar 4,3 millones de litros de las bodegas. En esta región se calcula que hay un 22% de excedentes en vino tinto sobre la media de las cinco últimas campañas y la destilación de crisis se abriría para los tintos sin denominación de origen ni indicación geográfica protegida.
Hasta la fecha, la vendimia en verde es la única medida autorizada por el MAPA para aliviar la tensión producida en algunas regiones por un nivel de existencias de vino elevado, en el marco del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola de España (Pasve) y con una dotación presupuestaria inicial de 15 millones de euros para 2023. La FEV considera que esta es una “muy buena medida” porque ataja el problema en su origen al reducir la producción de uva para la siguiente campaña, allí donde aún hay un elevado nivel de existencias de la temporada anterior.
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